A seis semanas de la segunda vuelta, los distintos sondeos de opinión pública otorgan una clara ventaja a la candidatura de Perú Libre (Pedro Castillo) sobre Fuerza Popular (Keiko Fujimori). El último domingo, el IEP divulgó en “La República” su primer sondeo de cara al balotaje que muestra a Pedro Castillo (41,5%) prácticamente duplicando el apoyo que recibe Keiko Fujimori (21,5%). La distancia entre ambos –20 puntos porcentuales– es incluso mayor que la que Datum había proyectado el jueves en “Perú 21” (15 puntos de diferencia) y que la tasada una semana atrás por Ipsos en “Cuarto Poder” (11 puntos).
Así, parecería que la brecha entre ambos candidatos no ha hecho más que acentuarse en los últimos días. Sin embargo, dos anotaciones merecen precisarse: en primer lugar, no se pueden comparar los resultados de los sondeos, ya que los mismos (en segundo lugar) constituyen la primera fotografía para cada una de las empresas encargadas con los estudios de opinión pública. Estos sondeos, cada uno de ellos, debe ser interpretado, entonces, como un punto de partida.
Como mencionamos en nuestro reporte anterior, uno de los datos más llamativos del estudio de Ipsos-“Cuarto Poder” era que el antivoto hacia Fujimori se había reducido notablemente, de un 71% (enero) al 55% actual. Esto parece sugerir una tendencia hacia una caída adicional (es decir, que siga reduciéndose, aunque cada vez en menor intensidad), más aun si consideramos que es la única que puede frenar la victoria de un partido cuyo plan de gobierno (como explicaremos líneas abajo) representa un peligro para la democracia peruana. Pedro Castillo, por otro lado, concentra un antivoto del 33%, nada desdeñable si tomamos en consideración que todavía es un político poco conocido (a diferencia de su contendora). Así, conforme le vayan cayendo encima los reflectores de la prensa se irán visibilizando sus fisuras y puede que la resistencia a votar por él se incremente en las próximas semanas. Un crecimiento que podría tener como abono el plan de gobierno del candidato.
El plan de gobierno de Perú Libre, fechado en febrero del 2020, fue escrito por el ex gobernador regional de Junín (hoy con una sentencia a prisión suspendida por corrupción) y fundador del partido, Vladimir Cerrón Rojas. Hijo de un maestro marxista (Jaime Cerrón Palomino, cuyo pensamiento está glosado al final del documento) y formado como médico en Cuba, Vladimir define a su agrupación política como una de izquierda ‘marxista, leninista y mariateguista’.
Para Cerrón, la interpretación de la realidad nacional es que, en simple, las diferencias entre peruanos se explican porque una élite ha construido un sistema que beneficia únicamente a sus integrantes en desmedro del resto. La piedra de toque de este modelo, arguye Cerrón, descansa en la Constitución de 1993, que “todo pone en función de dos perversas leyes, la oferta y la demanda” y que reduce al ser humano a “solo un medio de producción o una simple mercancía más” (pág. 10). Así, todo giraría en torno de este sistema (desde la educación hasta los medios de comunicación, pasando por el servicio civil, las ONG, la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa y las transnacionales), por lo que –advierte– construir la nueva sociedad “implica luchar contra nichos de poder empotrados secularmente no solo en sus instituciones, sino en nuestras mentes” (9).
Según el ideario, este modelo impide que la pobreza sea erradicada del Perú, pues esta subsiste “gracias a la explotación del pueblo y [al] recorte de sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción” (14). El sistema, además, fomenta la corrupción, porque “el neoliberalismo está diseñado para facilitar el saqueo y la explotación de los pueblos en base a las leyes del libre mercado, oferta y demanda, obligando a la sociedad a convivir inevitablemente” con ella (45). Para Cerrón, la empresa privada es el “principal elemento corruptor” por lo que debe crearse “un ente contralor para fiscalizar [al] sector privado” (48).
Así, en este proyecto, la primera consigna es “promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto” (12), esto a través de una Asamblea Constituyente. A partir de ahí, los ajustes son en casi todos los sectores, con mayor o menor nivel de intervención (desde mayores regulaciones hasta expropiaciones, o nacionalizaciones y estatizaciones, como también le llaman). Dado que al sector privado se lo asume como corrupto y corruptor, se le exigirá que cumpla con una serie de medidas que van desde el “empleo regional en un porcentaje superior al 60% del total de su personal” hasta “adquirir bienes y servicios que brindan pequeñas y medianas empresas regionales” (66-67). En cuanto a las transnacionales, se les planteará un nuevo esquema para el reparto de sus utilidades (“que el Estado se haga acreedor del 70% u 80% y el privado transnacional del 30% o 20%”). En caso de no plegarse a este, advierte, “el Estado debe proceder a la estatización del yacimiento en cuestión, indemnizando de ser justificado los gastos generados al privado y administrando el 100% de las utilidades” (61 62). Esta medida, sin embargo, no aplicará para aquellas empresas de los llamados ‘sectores estratégicos’, cuyos recursos deben ser manejados exclusivamente por el Estado “en salvaguarda de los intereses nacionales” (15). Y así, lo mismo para la agricultura (proyectos de irrigación), pesca, hidrocarburos y un largo etcétera.
Un punto que debemos destacar aquí es que, por más que Pedro Castillo haya tratado de distanciarse de su plan de gobierno en los últimos días (“lo que has leído es el ideario; nosotros hemos trabajado un programa de Gobierno y, más allá de lo que diga o deje de decir Cerrón, el que va a gobernar soy yo”, afirmó, por ejemplo, la semana pasada en “Exitosa”), su campaña ha repetido varias ideas consignadas en este. Entre ellas, por ejemplo, el propio eslógan electoral con el que Vladimir Cerrón cierra la introducción del documento: “¡No más pobres en un país rico!”, o el uso recurrente de la fórmula “70/30” en su discurso.
Si el plan de gobierno de Perú Libre se asemeja más a un manifiesto, el de Fuerza Popular aparece como un buen diagnóstico, como buenas propuestas, pero que no llegan a aterrizar en acciones concretas (o, para tal caso, sustentadas en recursos, fechas, etc.). Por ejemplo, en la página 34, en la sección concerniente a seguridad ciudadana, el partido propone como primera medida “combatir el creciente aumento de la delincuencia con una estrategia adecuada de la más alta autoridad del Estado, estrategia que debe tener continuidad en el tiempo”. Una propuesta con la que difícil se podría discrepar, pero que no termina por revelar nada concreto.
Sí es cierto que este documento se encuentra en las antípodas del elaborado por Cerrón, especialmente en lo que respecta a la defensa irrestricta de la Constitución de 1993 y del régimen que instaló en el país, cuyas instituciones “rescataron al país de la pobreza y del caos generado por el modelo estatista y rentista” (3).
En líneas generales, el plan de gobierno de Fuerza Popular se basa en dos pilares: la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. Aquí encontramos anuncios más concretos, como el de promover “un crecimiento del 6% del PBI anual” (9) y “eliminar barreras de entrada al mercado a las micro y pequeñas empresas” (13), en el caso del primero, o el de “reducir el número de casos nuevos a tasas menores de 100 casos por semana” (23), en el caso del segundo. Además de estos dos grandes tópicos, el plan aborda casi todos los sectores importantes, como los de la educación, los programas sociales, la gestión de desastres, los servicios básicos, entre muchos otros.
Quizá la parte más llamativa del texto sea la que concierne a la reforma política. Escrita claramente al tenor de la crisis de gobernabilidad que ha sacudido al país en el último quinquenio, el partido propone “determinar el ámbito específico en el que puede ser invocada la causal de vacancia por incapacidad moral permanente”, “modificar el artículo 133 de la Constitución, a efectos de garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza” y especificar que “no se podrá hacer cuestión de confianza sobre competencias que no corresponden al Poder Ejecutivo, ni condicionar el momento o el sentido del voto de los congresistas” (65).
Si examinásemos ambos planes de gobierno a través de un prisma de desarrollo moderno (por ejemplo, a través de los indicadores que utiliza el Foro Económico Mundial, WEF en sus siglas en inglés, para armar su ránking anual de competitividad por países), es evidente que solo uno de ellos –el de Fuerza Popular– saldría medianamente bien librado.
En el caso de Perú Libre, no debería sorprender que su ideario no parezca acoplarse a los pilares del WEF, toda vez que entiende la realidad nacional bajo un marco propio del siglo XIX y mediados del siglo XX. No en vano, el plan de gobierno denuncia la Constitución de 1993 porque “promueve la competencia de cada uno de sus miembros, relegando a la mayoría en beneficio de unos cuantos que lograron éxitos tras ‘su’ esfuerzo” (10), y plantea un régimen económico con un Estado “revisor de contratos” y un “cambio en la preferencia por la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar” (13).
En cuanto a los vacíos en el plan de gobierno de Perú Libre, hay dos que son, paradójicamente, muy elocuentes. El primero es la pandemia. Si bien es cierto que el documento está fechado en febrero del 2020, llama poderosamente la atención que el partido no haya hecho un esfuerzo por actualizar o agregar una enmienda al texto, tomando en cuenta que el azote del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias y económicas marcarán el próximo gobierno y que el autor del texto, el señor Cerrón, es médico.
El otro silencio, más preocupante aun, es el de la violencia subversiva ejercida por grupos como el PCP-Sendero Luminoso (SL) o el MRTA en la década de 1980. Al inicio del capítulo 14, el documento denuncia “la sistemática violación de los derechos humanos (DDHH) por parte de agentes del Estado, planificada, propiciada y protegida por los regímenes de Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori” (51). Sin embargo, no hace una sola mención a las atrocidades perpetradas en el mismo lapso de tiempo por la vesania terrorista. Esta circunstancia, que en cualquier otro caso resultaría de por sí preocupante, cobra especial gravedad si recordamos que se trata de un partido ensombrecido por las sospechas sobre las vinculaciones de su candidato presidencial y de varios de sus virtuales congresistas con el Movadef; el órgano fachada del PCP-SL. Las preguntas quedan en el aire: ¿Es que no existió Sendero Luminoso, el MRTA y Abimael Guzmán?, ¿o es que no fueron terroristas, criminales que merecen ser identificados con nombre y apellido?
Finalmente, hemos aprovechado la matriz de transferencia de votos que comentamos en nuestro reporte de la semana pasada para realizar un ejercicio “pesimista” sobre el potencial trasvase de votos hacia el fujimorismo. Los cambios realizados son básicamente de dos tipos: regionales y partidarios. En las regiones en las que Keiko Fujimori reporta un mayor antivoto –las del centro y sierra sur del país–, hemos reducido significativamente el apoyo que estaría recibiendo. Y en lo que respecta a los votantes que apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta, hemos minimizado el trasvase hacia Fuerza Popular proveniente de grupos como Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Victoria Nacional y, en menor medida, Renovación Popular y Avanza País. Esta disminución la hemos acentuado un poco más en la sierra central y sur del territorio nacional, y la hemos matizado en la selva y en la costa norte. Con ello, el resultado cambia dramáticamente, ganando Pedro Castillo por seis puntos el balotaje del 6 de junio. Seguiremos aplicando distintos criterios a la matriz para entender mejor las claves que lleven, a cada candidato, a una victoria.
Cubrimos todo y no dejamos nada al azar. No hay nada que no podamos manejar.
Listos para pasar al siguiente nivel.
