A falta de seis días para su culminación, la segunda vuelta ha entrado en fase crítica. Los simulacros de votación y las encuestas de intención de voto publicadas la semana pasada dan cuenta de un empate técnico entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), lo que anticipa que el resultado del domingo podríaser bastante reñido y que los candidatos deberán luchar en los próximos cinco días por conquistar hasta el último voto.
El viernes, Datum publicó en “Perú21”su último simulacro de votación antes del silencio electoral. En este, ladiferencia entre Castillo y Fujimori es de menos de un punto porcentual (42,6%a 41,7%), lo que revela una reducción de 4,5 puntos en la ventaja que elprimero le llevaba a la segunda hace apenas una semana.
Ayer, también, Ipsos difundió en ElComercio su simulacro de votación que subraya los hallazgos de Datum. Segúnel demoscópico, Castillo estaría obteniendo el 45,1% de los votos y Fujimoriel 43,1%; una diferencia que se encuentra dentro del margen de error. En lo querespecta a la medición de las preferencias electorales, la encuesta deIpsos-El Comercio registra un 42% de apoyo para Castillo y otro 40% paraFujimori.
Si tomamos en cuenta que en ambossimulacros de votación el porcentaje de sufragios en blanco o viciados es deentre el 11,8% y el 15,7% del total y que, como ha recordado hace dos días MaríaAlejandra Campos en El Comercio, “el voto blanco y viciado de los últimos dosprocesos electorales ha sido de 6%”, podríamos hablar de hasta nueve puntosque se definirán en estos seis días. Una cantidad suficiente como paradecidir la elección.
Un dato para tomar en cuenta delestudio de Ipsos-El Comercio es que, como anticipamos en nuestro Reporte 02,el antivoto hacia Fujimori ha ido disminuyendo, al tiempo que el de su rivalhacía el trayecto contrario. Desde aquel 71% registrado en enero, el mismo haido disminuyendo de manera consistente: para mediados de abril, como serecuerda, ya registraba un antivoto del 55% (mientras que el de su rivalascendía al 33%), y un mes y medio después, el antivoto hacia Fujimori seubica en el 45% (-10), mientras que el de Castillo llega hasta el 41% (+8).
Anoche, además, los candidatos seencontraron en el segundo –y último– debate electoral entre ambos. En buenacuenta, el evento resumió lo que ha sido la segunda parte de esta campaña. Deun lado, tenemos a Pedro Castillo, cuya propuesta no se distancia mucho deaquella con la que triunfó en la primera vuelta y que bien podría resumirseen una frase que el candidato lanzó ayer durante su exposición en el bloquede economía y generación de empleo: “Es el Estado el que tiene que controlara la población y a los mercados”. El debate también sirvió para confirmarque Castillo –alarmantemente– no cuenta con un plan para contener el azote delCOVID-19 ni para gestionar la recuperación económica producto de la pandemia.
Pero Perú Libretampoco ha conseguido matizar los miedos que su candidatura representa encuanto al respeto por las libertades (políticas y económicas) de losciudadanos; no se ha moderado ni ha abierto el espectro político con susalianzas. Fuerza Popular, por el contrario, sí ha conseguido moderar supropuesta, convocando a personas que hasta hace no mucho lo criticaban ásperamente,como Máximo San Román o Carlos Bruce, y presentando un equipo técnico y unaserie de medidas considerablemente más sustentadas y factibles que las de surival. En esa misma línea, hoy en la mañana la propia Fujimori suscribió uncompromiso para respetar la democracia y luchar contra la corrupción. Duranteel acto, además, la candidata reconoció y pidió “perdón” por “los errorescometidos” por ella y su partido en los últimos años.
Desde la Gran Crisis Financiera del2008, el mundo ha sobrellevado un sinnúmero de manifestaciones, en todos loscontinentes, y por distintas razones: la Primavera Árabe (2011), y las protestasen Francia (2010), Hong Kong (2014) y España (2017) son solo algunos ejemplosde esto. Latinoamérica no ha sido inmune a esta corriente. Bolivia y Chile enel 2019, Perú en el 2020 y Colombia en el 2021 son los casos más recientes,pero no los únicos.
El mundo está cambiando y, con él, lapaciencia de la ciudadanía. El esfuerzo de finales del siglo XX por crecerpara reducir las desigualdades e incluir a las grandes mayorías en el procesode desarrollo se llevó al siglo XXI asumiendo que los ciudadanos, sea comotrabajadores o consumidores, entendían y aceptaban el proceso orgánico. Laconfluencia de mayores recursos, necesidades e integración y voz (estosúltimos, vía los dispositivos inteligentes y una red de comunicación baratay global), han desatado una ola global de requerimientos de todo tipo que debenser provistos ayer; no hoy.
En paralelo, las estructuras estatales–lentas, burocráticas y corruptas– han permanecido en modo automático. El‘boom’ económico de los últimos 20 años redujo en la mayoría de los paísesla pobreza y la desigualdad como nunca en la historia, pero sus ventajas no sehan traducido en mejoras en los servicios públicos –sobre todo en educación,salud e infraestructura–. Además, la robótica, la automatización y uncreciente nacionalismo en distintas economías han cercenado fuentes de trabajoy han reducido los salarios de los ciudadanos.
En dicha coyuntura, ¿qué riesgospodemos anticipar en un eventual gobierno de cada partido, vistas suspropuestas en esta campaña?
En el ámbito político, un eventualGobierno suyo podría estar signado por la confrontación con larepresentación nacional, prolongando el conflicto entre poderes que hemosvisto en los últimos años. En abril, por ejemplo, Castillo aseguró que podíadisolver el Congreso si este no se plegaba a los intereses “del pueblo”. “Yo nolo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo. Todo va a ser con el pueblo.Si el pueblo nos da la facultad, lo haremos [cerrar el Congreso]”, explicó.
En cuanto al rumbo que tomaría laeventual bancada oficialista en el hemiciclo, este no está del todo claro.Como señala un informe publicado en El Comercio hace unos días, dentro delgrupo parlamentario asoman dos facciones: una cercana al fundador del partido, VladimirCerrón, y que ha conseguido colocar a dos de sus miembros como voceros de labancada, y otra más allegada a Castillo, compuesta por maestros. En esamedida, no podemos descartar una fractura de la bancada en el caso de que suslíderes se enzarzasen en alguna disputa. Del mismo modo, cabría preguntarsequé pasaría en el Ejecutivo en el caso de que Cerrón y Castillo rompiesen sualianza y el segundo se quedase sin el apoyo de la organización ni de susbases. Tampoco queda claro cómo reaccionaría el Congreso en el caso de queCastillo siguiese adelante con sus planes para convocar una asambleaconstituyente sin el respaldo de los parlamentarios.
Del mismo modo, un Estado que engrosesu tamaño –como plantea Castillo– le abrirás más ventanas a la corrupción.Y es probable que las libertades civiles de los ciudadanos (como la deexpresión) se vean amenazadas o directamente limitadas por el incremento delas restricciones políticas. El riesgo de un gobierno autoritario de izquierdaestá presente, y con él, la limitación de las libertades civiles ypolíticas.
En el plano económico, su propuesta esmás que preocupante. Como explicamos en nuestro Reporte 02, el plan degobierno del partido incluye desde mayores regulaciones hasta expropiaciones,nacionalizaciones y estatizaciones. El documento, además, pone en entredichola estabilidad jurídica al abrir la puerta a la renegociación de contratos,busca cambiar la manera en la que se reparten las utilidades de lastransnacionales y asegura que las empresas de los llamados ‘sectoresestratégicos’ deben de ser administradas por el Estado. En las últimas semanas,asimismo, Castillo ha planteado otras medidas igual de nocivas, como prohibirlas importaciones de todo lo que se produce en el país (se incrementará elproteccionismo comercial) o eliminar las AFP sin proponer una alternativaviable. Muy probablemente su administración se verá marcada por ladisminución de la responsabilidad fiscal y monetaria, un alza de los impuestos(cuando no la creación de otros) y el control de precios. El resultado de loanterior, lamentablemente, ya lo conocemos: caída en la productividad, en eldesempleo y en la recaudación; aparición de mercados negros y mayorinflación. Hablamos, por cierto, de riesgos que no enfretan los productores yconsumidores peruanos desde hace más de 20 años.
En el aspecto social, el mal manejoeconómico pasará factura. Se incrementará la desigualdad, tanto de ingresoscomo de oportunidades. Con el tiempo, se depredará la calidad y el acceso alos servicios públicos y se abonará el terreno para la informalidad. Estopodría incrementar las movilizaciones en su contra y polarizar aún más alpaís. Asimismo, no podemos perder de vista que su candidatura exhibe un fuertecomponente conservador, por lo que su gobierno supone un riesgo en cuanto a losderechos de la mujer y de las minorías sexuales.
Por último, en el área institucional,Castillo no solo ha cargado las tintas contra instituciones como el TribunalConstitucional (TC), la Defensoría del Pueblo, la Sunedu, la ATU o el Congreso,sino que ha propuesto que los jueces y fiscales sean elegidos por el votopopular (sustrayendo a la Junta Nacional de Justicia de una de sus atribucionescardinales), ha cuestionado ásperamente el rol de la prensa (que esseveramente anatematizada en el plan de gobierno de Perú Libre) y continúainsistiendo en la necesidad de reescribir la Constitución (un riesgo que hemosexplicado detalladamente en nuestro Reporte 06). El peligro de queinstituciones que debieran ser manejadas bajo criterios técnicos, como el BCR,la Sunat, la SBS o el MEF, terminen siendo politizadas por el Ejecutivo esalto, y la amenaza a la propiedad privada estará presente en todo momento.
En el ámbito político, enfrenta uncontrapeso que su rival no: el antifujimorismo; una fuerza segmentada portareas, policéntrica (sin liderazgos claros), pero integrada y con una ampliacapacidad de convocatoria. Probablemente, un Gobierno fujimorista se verásacudido por movilizaciones ciudadanas y por la oposición de organizaciones debase (como sindicatos o fuerzas de izquierda), tal y como ha ocurrido con lasadministraciones de derecha de Iván Duque, en Colombia, y de SebastiánPiñera, en Chile. Por otro lado, conforme avancen las investigaciones contraFuerza Popular por el caso de lavado de activos y de obstrucción a la justicia(aunque Keiko Fujimori tendría inmunidad; el resto de los procesados no) lapresidencia podría verse jaqueada desde la fiscalía, el Congreso o lasociedad civil.
En el plano económico, si bien FuerzaPopular representa una apuesta más responsable que la de su contendor, nopodemos descartar algunos peligros. Su gobierno podría alimentar un manejomercantilista de la economía, dada la crisis económica producida por lapandemia y la necesidad del sector empresarial de reactivar la economía antesde que esta fallezca. También es cierto que, en su campaña por la segundavuelta, Fujimori ha puesto sobre la mesa algunas propuestas de corte populistaque implican un incremento del gasto público (como doblar el monto que recibenlos beneficiarios de ‘Pensión 65’ o abonar S/10.000 a todas las familias quehan perdido algún miembro por el COVID-19). Y si la economía no se reactiva,aparecerán riesgos tanto por el lado fiscal como por las expectativas levantadasentre la ciudadanía.
En el aspecto social, podríamosesperar un incremento en la polarización (si bien su antivoto ha disminuido,todavía sigue siendo alto, y medidas como la de otorgarle el indulto a supadre pueden agitar aun más las aguas) y en la desigualdad de oportunidades.Tampoco se descarta que una administración suya abra ‘guerras culturales’ enla derecha del espectro político peruano o que busque ‘despercudir’ desde elEstado la imagen que se tiene sobre los abusos de los 90. Al igual que PerúLibre, además, Fuerza Popular no ha sido proclive al enfoque de género y alos avances en los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.
Finalmente, en el área institucional,representa –principalmente– dos amenazas. La primera, respecto de losorganismos encargados de la administración de justicia, como el Poder Judicialy el Ministerio Público (un riesgo latente, aún con el juramento celebrado enArequipa esta mañana). La segunda, respecto de la prensa, a la que el fujimorismofustigó ásperamente en el
último quinquenio, através de proyectos de ley presentados en el Congreso o endilgándole el motede ‘mermeleros’ a los periodistas que los criticaban. El riesgo de actoshostiles contra los medios de oposición desde el Congreso ahora podríaextenderse hasta el Gobierno, con consecuencias mucho más nefastas para lalibertad de expresión en el país.
Delo que hemos visto en esta campaña por la segunda vuelta, podríamos ubicar aambos candidatos, y a la sociedad civil (tomando como base las encuestas de 'segmentación ideológica’ realizadas anualmente por Pulso Perú entre el 2014y el 2018), en una matriz ideológica de la siguiente manera:
Ambos, en efecto, constituyen una opción conservadora y un escollo (en mayor medida) parala expansión de las libertades políticas y sociales de los ciudadanos. Sin embargo, sí representan cartas opuestas en el eje económico, donde la propuesta de Fuerza Popular aparece comouna mucho más ‘garante’ de las libertades económicas de los individuos.
Como sea, uno de los dos se impondrá en las urnas este domingo,en una elección que promete ser bastante peleada y cuyo final, no podemos descartar, podría alargarse varios días si los números deambos son bastante cercanos.
Cubrimos todo y no dejamos nada al azar. No hay nada que no podamos manejar.
Listos para pasar al siguiente nivel.
